Comentario

En las primeras décadas del gobierno romano de Hispania, la gestión financiera resultó difícil para el gobernador y sus colaboradores. En el año 171 a.C., su tarea se aligeró al comenzar a aparecer en Hispania las compañías o sociedades de publicanos.
Una sociedad de publicanos, societas publicanorum, era muy semejante a muchas sociedades modernas. Se constituían con la aportación de capitales de particulares y tenían su sede en Roma. El Estado sacaba a concurso público la subasta del cobro de impuestos, de la explotación de las minas, de cualquier otro monopolio estatal o bien de determinadas obras públicas. La sociedad de publicanos que recibía la asignación contrataba con el Estado por un plazo de cinco años con la modalidad de contrato conocido como locatio conductio, pagaba al Estado la cantidad comprometida y enviaba a sus representantes, administradores y esclavos a la provincia correspondiente, donde esta sociedad creaba tantas oficinas como se exigieran para llevar a cabo su gestión. La función del gobernador era la de ofrecer protección a los publicani para que ejercieran su tarea sin obstáculos así como la de supervisar para que no se extralimitasen en sus funciones. El Estado no alquilaba el montante global de tareas de una provincia a una sola compañía de publicanos: había sociedades especializadas en la explotación y comercialización de los productos mineros, otras en el cobro de impuestos, etc.; más aún, con frecuencia, ni siquiera un distrito minero completo se alquilaba a una sola sociedad.

La libertad del gobernador provincial y de los publicanos era muy grande y, si estaban coordinados, podían explotar a las poblaciones indígenas mucho más allá de lo convenido. Por lo mismo, no fueron excepcionales las protestas de los indígenas contra los abusos de los gobernadores. Aunque alguno de ellos fue llevado a juicio bajo la acusación de corrupción, salía libre de cargos ya que quienes controlaban los tribunales pertenecían generalmente a los mismos grupos que aquellos que dominaban en el Senado. La primera protesta pacífica de los indígenas tuvo lugar el año 171 a.C.: nos dice Livio que algunos pueblos de Hispania enviaron legados a Roma que se quejaban de ser expoliados y vejados con mayor ignominia que los enemigos del pueblo romano. El Senado creó una comisión que no condenó a nadie, pero, además, aconsejó a los hispanos que eligieran a sus patronos. Los de la Hispania Citerior eligieron como patronos a M. Porcio Catón y a P. Cornelio Escipión, hijo de Cneo; los de la Ulterior a L. Emilio Paulo y a Galo Sulpicio (Livio, XLIII, 2). A partir de este momento, los hispanos tenían en Roma a patronos que miraban por sus intereses y los defendían en los juicios.

Esta decisión tendría una trascendencia histórica considerable. Las relaciones de patronato tendían a ser hereditarias y, cuando los vínculos se debilitaban, una comunidad podía buscar nuevos patronos. En la fase final de la crisis de la República, César y Pompeyo fortalecieron su poder gracias a las relaciones de patronato convenidas con las comunidades hispanas. Bajo César, se inicia una modalidad de patronato que va a estar más difundida en época posterior: el patronato sobre ciudades particulares, ya que el emperador se presentará como padre y patrono de toda la población del Imperio. Un ejemplo ilustrativo de esa nueva modalidad de patronato, que implicaba con frecuencia serios compromisos económicos para los patronos, es el de Balbo, patrono de Cádiz a fines de la República; nos dice el geógrafo Estrabón que el gaditano Balbo construyó para los gaditanos una nueva ciudad para ampliar la capacidad de la pequeña ciudad antigua (III, 5, 3).